Ordena juez aprehender a Roberto Borge y a cuatro colaboradores suyos
Se le acusa de adquirir con prestanombres terrenos de Quintana Roo a precios subvaluados y por la compra de una empresa turística en la Riviera Maya.

Después de múltiples señalamientos de corrupción y abusos políticos y económicos, finalmente Roberto Borge se sumó a los presuntos delincuentes buscados por la justicia.

En vísperas de las elecciones en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, fuentes del gobierno federal informaron al diario Reforma que un juez federal liberó orden de aprehensión contra el ex gobernador de Quintana Roo.

El diario publicó este sábado la información como nota principal de primera página y precisó que la orden de captura fue emitida el jueves pasado, por la adquisición con prestanombres de terrenos de ese estado a precios subvaluados. También por la compra de una empresa de embarcaciones turísticas en la Riviera Maya. Ambos delitos serían producto de lavado de dinero.

De acuerdo con fuentes del gobierno federal, un juez del Estado de México libró el jueves el mandato de captura contra Borge y otros cuatro presuntos implicados por el delito de lavado de dinero con base en la carpeta de investigación UEIORPIFAMQR/0000749/2016, consignada por la SEIDO.

Además del ex mandatario, las órdenes de aprehensión fueron giradas contraa Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), y Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica del instituto.

También se ordenó aprehender a María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex gobernador, y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge.

Según los antecedentes del caso, una de las vertientes de la acusación es la venta de 24 inmuebles del gobierno local a un precio equivalente a un 6 por ciento de su valor comercial a integrantes del círculo cercano a Borge y sus familiares.

Se trata de terrenos de 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados en Cancún y Cozumel rematados entre 2011 y 2014 por el IPAE -en la gestión de Romanillos y Herrera- y que tienen un valor comercial de 5 mil millones de pesos, según la PGR.

Diez de los inmuebles no eran susceptibles de venta por tratarse de reservas naturales, y otros cuatro fueron adquiridos por María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex gobernador, quien no fue consignada en este expediente.

 



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