Violaciones a derechos humanos en México “saltan a la vista”, responde CIDH al gobierno
"Hay que tener investigaciones intensas, serias, en todos los casos de desaparición forzada, en todos los casos de ejecución extrajudicial", pidió al Estado mexicano.
james
Foto: Daniel Cima/IACHR y CIDH

James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reviró al gobierno mexicano, luego de que éste no reconociera la grave crisis en materia de derechos humanos que el organismo internacional reportó en un informe publicado el miércoles.

En entrevista para Aristegui CNN, sostuvo que en el país las violaciones “saltan a la vista” y varias fueron documentadas, no obstante que reconocen los esfuerzos del Estado mexicano.

Tras la publicación del informe de la CIDH, el gobierno mexicano lo atajó y consideró que no reflejaba “la situación general del país”

Al respecto, Cavallaro reconoció que se trata de un documento “muy duro”, pero llamó a “reconocer que la situación de los derechos humanos que enfrenta hoy México es extremadamente grave. Se trata de una crisis”. 

“Nosotros analizamos durante los últimos meses y años, en varias visitas de integrantes de la comisión, tanto comisionados, como el personal de la secretaría ejecutiva. Y la comisión entera fue a México la última semana de septiembre. Visitamos varios lugares en varios estados. Lo que documentamos son desapariciones forzadas, centenas, miles de casos. El Estado ha mantenido una cifra de personas no localizadas de 26 mil 798, hasta septiembre pasado. Cada caso es muy grave. Son casi 27 mil. No todos esos casos son necesariamente desapariciones forzadas, son personas no localizadas. Pero en centenas y miles de casos sí hay involucramiento de agentes del Estado. Como es el caso de Ayotzinapa, como es el caso de Tierra Blanca, de los 5 jóvenes (levantados por policías del estado)”, expuso el presidente de la CIDH.

Sobre este último caso, apuntó que el propio subsecretario Roberto Campa reconoció que se trata de un caso de infiltración de elementos del crimen organizado en el Estado. 

“Hay también el asunto de ejecuciones extrajudiciales. El caso Tlatlaya es un caso ejemplar, pero hay miles de personas que en los últimos años en supuestos enfrentamientos con fuerzas militares han muerto, y cuando se indaga la versión oficial inicial no se comprueba”, recordó. 

“Hay también la situación de la tortura que es una práctica infelizmente, generalizada en México. Eso también ha dicho el relator especial de la ONU sobre tortura, el doctor Juan Méndez”, apuntó.

Además, “hay otros grupos vulnerables expuestos a niveles altísimos de violencia: las mujeres (los feminicidios), los indígenas ( que en choques con las industrias extractivas no son protegidos) y en todos estos casos lo que une las diversas situaciones de abuso y violación, es la impunidad“, puntualizó.

Dijo que en la CIDH “reconocemos avances como las reformas en la Constitución de 2011, algunas políticas como el mecanismo de protección a los defensores de derechos humanos y periodistas”, pero “lo que pasa es que el marco legal en México, dista mucho de la realidad. Los hechos son muy contundentes. No se trata de casos aislados, un caso, dos casos, cinco casos de desaparición forzada, ya sería una situación preocupante pero no necesariamente una situación general. Pero sí es el caso en México que la desaparición forzada acontece en muchos estados de la República”.

Además, sostuvo que “la actuación de las fuerzas armadas en la seguridad, un papel no apropiado para las fuerzas armadas, ha producido centenas, miles de muertos”. 

En cuanto a la tortura, precisó que la propia PGR está investigando 2 mil 400 denuncias. “Y en los últimos 7-8 años ha habido 15 condenas. ¿Qué porcentaje es eso? Es menos de uno por ciento. Esas son las cifras en casi todos los temas donde hay índices altísimos de violencia, de muerte, de tortura y el proceso judicial no responde de forma adecuada”, indicó.

Detalló que para hacer su informe “hablamos con centenas de personas que cuentan que la sensación que tienen es que la justicia es una simulación, un simulacro, que están fingiendo hacer justicia en vez de hacerlo”. 

“La crisis que nosotros documentamos también ha sido documentado por diversos órganos de la ONU, por las instituciones de la sociedad civil de más prestigio en México y también internacionalmente”, refirió.

“Nosotros queremos trabajar conjuntamente con el Estado: el primer paso es reconocer la realidad”, mencionó.

Y es que para el presidente de la CIDH “no hace falta mucho esfuerzo para buscar las violaciones a los derechos humanos en México: saltan a la vista”. 

En septiembre y octubre pasados, la CIDH recorrió 5 estados y la Ciudad de México, pero ya habían visitado otros puntos del país, “y en todos los hogares encontramos hartas violaciones, centenas y centenas”. 

“Hablemos de la figura de desaparición forzada: si son casi 27 mil personas no localizadas, no es una forma, una metodología equivocada, recibir informaciones sobre las violaciones para ver si son frecuentes o no son, es una técnica de todas las instituciones que hacen monitoreo de los derechos humanos en el mundo”, explicó.

“Lo que pasa que en México al usar esa metodología se encuentran centenas y centenas y miles de violaciones y casi no se encuentra esclarecimiento, casi no se encuentran procesos exitosos”, señaló.

“No estamos de acuerdo con la visión del Estado, hicimos de todo para incluir sus observaciones, pero la idea de que no habríamos ido para ver si la gente en determinados barrios tiene vidas tranquilas, con certeza así es el caso, pero los derechos humanos como tema busca ver qué pasa con las personas comunes, ¿qué pasa cuando alguien es detenido por la policía?, ¿sufre tortura?; ¿qué pasa cuando el hijo de la familia o una niña chica es desaparecida?, ¿hay investigación o no?, y en centenas, miles de casos la respuesta del Estado ha sido inefectiva y es eso que nos lleva a la conclusión”, abundó James.

“Lo que dice (el informe) es que se trata de una grave crisis, reconocemos la facultad y el interés de diversas autoridades del Estado y reconocemos las políticas que han sido desarrolladas”, acotó.

“Lo que decimos en este informe es que hay una grave crisis, es algo que tiene que ser prioridad nacional, exige respuestas firmas y exige el reconocimiento del alcance del problema, hoy día mismo el subsecretario Roberto Campa habló de la infiltración de corporaciones estatales por el crimen organizado, hablando del caso de Tierra Blanca, que es un caso entre tantos, pero es un caso terrible, 5 jóvenes que no estaban haciendo nada.

“Justamente el problema de México es que a la vez que hay un marco legal bueno, una sociedad civil activa, varias autoridades dispuestas a colaborar con las instancias internacionales de derechos humanos, hay también elementos del Estado capturados por el crimen organizado, por la corrupción, lo que permite índices alarmantes de violaciones a los derechos humanos; lo que provoca un índice de impunidad chocante, lo que también facilita la repetición de las violaciones. Entonces, también es cierto que reconocemos los avances, hay páginas y páginas de lo que el Estado ha hecho, pero por ese reconocimiento no podemos dejar de reconocer la magnitud del desafío que México enfrenta”, finalizó.



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