15 años de encarcelamiento injusto, sin sentencia… una #PenaSinCulpa que podría concluir
La ONU y la CIDH se pronunciaron a favor de Daniel García y Reyes Alpízar, detenidos desde 2002. El Estado Mexicano debe liberarlos y reparar el daño.
(Foto: penasinculpa.com)

El 25 de febrero de 2002, Daniel García Rodríguez fue interceptado por dos sujetos. Lo subieron a un vehículo y lo llevaron a la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, en el Estado de México. Debía declarar sobre la investigación de un homicidio.

Luego de 14 horas de detención sin una orden judicial de por medio y de permanecer incomunicado, le notificaron que estaría bajo arraigo por 30 días. Lo acusaban del asesinato de la regidora María de los Ángeles Tamez.

García Rodríguez era secretario particular del alcalde de Atizapán, Antonio Domínguez, quien tenía diferencias con la regidora del PAN.

Fue así como comenzó una pesadilla que se ha prolongado durante 15 años, como relata su hija, Aribel García, quien a la postre se convertiría en su abogada.

“Hace 8 años, 15 meses detuvieron a mi papá en el municipio de Atizapán, acusado del homicidio de una regidora panista del mismo municipio. Esto ocurrió el 25 de febrero de 2002, es el día que detienen a mi papá y que lo llevan al arraigo. Su nombre era María de los Ángeles Tamez, era una abogada que se desempeñaba como regidora de Atizapán.

“Mi papá se desempeñaba como secretario del presidente Antonio Domínguez que en ese momento era alcalde de Atizapán. Antonio Domínguez no tenía buena relación con María de los Ángeles; en realidad a quien relacionan es a Antonio Domínguez”, relató.

Ocho meses después, el 25 de octubre, Reyes Alpízar Ortiz fue capturado cuando esperaba el autobús que lo llevaría de regreso a su casa. Se le trasladó a la Subprocuraduría de Tlalnepantla. Fue víctima de tortura física y psicológica. También se le arraigó.

El abogado Simón Hernández detalló: “Él es obligado a firmar una declaración bajo tortura en la que señala que acompañó al autor material del homicidio, una persona llamada Jaime Martínez Franco, y que escuchó y recibió indicaciones de Daniel García ubicándolo como autor intelectual”.

Aunque el alcalde Antonio Domínguez también fue aprehendido, corrió con mejor suerte, de acuerdo con lo detallado por Aribel García:

“Ambos estuvieron arraigados y el mismo día los trasladaron al Penal de Barrientos en Tlalnepantla; pero Antonio Domínguez como tres años y medio después sale con un amparo que su abogado Marcos Castillejos interpone contra el auto de formal prisión y él sale libre, exonerado de la causa. Mi papá mete el mismo amparo semanas después a lo que le contestan 5 años después que su firma no era su firma, entonces que no procedía”.

A pesar de que agotaron todas las instancias nacionales para demostrar las irregularidades del proceso: que fueron capturados sin orden judicial, que estuvieron incomunicados y se les torturó física y psicológicamente, a la fecha, siguen sin recibir una sentencia.

Por ello, tuvieron que recurrir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo el abogado Hernández:

“Es un proceso inédito en la medida en que tras 15 años ellos siguen sin una sentencia de primera instancia, es decir, siguen sujetos a proceso y se siguen desahogando pruebas. Esta es una de las irregularidades más patentes que nos hacen ir a instancias internacionales ante la falta de protección judicial en el país.  Ambos fueron detenidos sin que existiera orden judicial y posteriormente incomunicados en instalaciones de la Procuraduría y arraigados”.

Finalmente, el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU recomendó al Estado Mexicano ordenar la inmediata libertad de Daniel García y de Reyes Alpízar. En la Opinión 66/2017 determinó que su detención fue arbitraria. Ante ello, el colectivo Pena sin culpa exige al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el gobierno del Estado de México, acatar la determinación.

A su vez, la CIDH, mediante el Informe de Admisibilidad 68/2017, sometió al Estado Mexicano a un procedimiento internacional para determinar la violación a los derechos humanos por la detención durante tres lustros; la falta de investigación y sanción a la tortura y las violaciones al debido proceso.

Aribel García señaló que el gobierno mexicano tiene cuatro meses para acatar el fallo:

“La Comisión Interamericana establece un plazo de cuatro meses que se cumplen a finales de noviembre para que nosotros mandemos observaciones respecto al informe de admisibilidad y/o propongamos una solución amistosa  con el gobierno mexicano. Creo que en este punto en el que estamos con resoluciones de tan alto nivel pues darle una oportunidad más al Estado Mexicano”.

“La liberación inmediata de ambos así como la reparación por tantos años. Mi papá tenía 37 años, hoy es un hombre de 52 años al que privaron todo un proyecto de vida”.

El abogado Simón Hernández apuntó que este caso es un claro ejemplo de la crisis en el sistema de procuración y administración de justicia que debe ser tomado en cuenta ahora que se discute la transformación de la PGR en una Fiscalía.

“Sí desde luego es un caso representativo de una ausencia del Estado de Derecho, de violaciones continuas y reiteradas a las garantías del debido proceso, del uso generalizado de la prisión preventiva, de la persistencia de prácticas muy arraigadas como el arraigo o el uso de la tortura en el marco de investigaciones penales y esto tiene que ser una llamada de atención fuerte para que la restructuración de las instituciones de procuración de justicia en el marco de la discusión sobre la Fiscalía General”.

Tras más de 5 mil 700 días de pena sin culpa, este caso representa un récord mundial de detención sin sentencia, por lo que además de libertad inmediata para Daniel Reyes Alpízar, el Estado Mexicano debe ofrecerles una disculpa pública y repararles el daño.






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