Autoridades de CDMX filtran y usan politicamente caso de niño en cautiverio y torturado: REDIM
Hace un reconocimiento "al niño de 9 años que denunció la situación en la que se encontraba Anthony".
(Foto: Especial)

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) lamentó que autoridades de la Ciudad de México “usen politicamente” el caso del niño de 5 años en cautiverio y torturado en la delegación Gustavo A. Madero, además de que hayan filtrado “información sensible a los medios de comunicación“.

El pasado martes por la noche, tras una denuncia anónima, autoridades de la delegación Gustavo A. Madero y de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México rescataron a un menor de edad que se encontraba en cautiverio y con evidentes huellas de tortura.

Antony, de cinco años de edad, fue encontrado desnudo, con cinta canela alrededor del cuello y encadenado por los pies a una banca dentro de una casa ubicada en la colonia Gabriel Hernández de la GAM.

En un comunicado, REDIM expresó “su indignación por cautiverio y tortura de fue víctima el pequeño Anthony; expresión dolorosa de la normalización de la violencia contra la infancia”.

Y señaló que “no abatir la impunidad ante estos hechos de maltrato infantil, es una invitación a que se repitan”.

Además, hizo, “un reconocimiento a la intervención ciudadana y en particular al niño de 9 años que denunció la situación en la que se encontraba Anthony“.

“Este caso refleja una de las más graves expresiones de violencia contra la infancia en nuestro país”, sostuvo.

recordó al Estado mexicano su obligación de llevar a cabo acciones de prevención y atención eficaces para proteger a niñas, niños y adolescentes de la violencia que erradiquen su normalización.

“Recordamos que niños, niñas y adolescentes no son propiedad de las familias, son ciudadanos de pleno derecho, tienen que ser escuchados, protegidos de la violencia y garantías para su supervivencia y desarrollo pleno”, apuntó la red.

“Lamentamos el pésimo manejo del caso que están realizando las autoridades locales, quienes sin asumir autocríticamente sus omisiones para permitir que por años el pequeño Anthony viviera en cautiverio en su jurisdicción, ahora se presenten como ’salvadores’ del niño. Es preocupante que sean las mismas autoridades delegaciones y de procuración de justicia que estén entregando información sensible del caso a los medios de comunicación: fotografías, expediente médico, etcétera Además de ilegal, afecta el proceso de investigación y revictimiza al niño”, abundó.

“REDIM observa con preocupación un alto riesgo de revictimización de Anthony, y que después del uso mediático del caso sea enviado nuevamente a cautiverio, ahora en un albergue del DIF. Es necesario tener presente que las autoridades están obligadas a buscar a la familia del niño hasta el cuarto grado de parentesco, ofrecer todos los apoyos posibles y seguimiento profesional para que Anthony goce su derecho a vivir en familia”, apuntaló.

Y llamó a la Procuraduría de Justicia, a la Procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes y Delegación Gustavo A. Madero a:

• Brindar a Antony tratamiento profesional del más alto nivel posible.
• Descartar la posibilidad de colocar a Antony en un albergue evitando aislarlo nuevamente e incrementar el daño psicológico, identificando familiares hasta el cuarto grado de parentesco, de no ser así integrarlo a una familia sustituta o determinar mediante un juez que sea candidato a adopción.
• Establecer mecanismos de denuncia ciudadana que permitan la coordinación de las autoridades para atender de forma oportuna y eficiente los casos potenciales en los que se encuentre en peligro la integridad física de niñas niños y adolescentes.
• Llamamos a las autoridades competentes a investigar y sancionar a quienes hicieron públicos los nombres, imágenes y el expediente médico. Así como resguardar la evidencia que de volverse pública pueda vulnerar el derecho a la privacidad y la integridad de la víctima.

Mientras que a los medios de comunicación pidió “evitar ser parte de la revictimización de niñas, niños y adolescentes víctimas; y a considerar como base de su información el respeto a la privacidad, no publicando sus fotografías, descubriendo otras formas de contextualizar e informar al público sobre estos crímenes”.



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