En Oaxaca, violaciones de Estado “masivas y sistemáticas”: Comisión de la Verdad (informe)
Llama a retomar las indagatorias contra el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz y otros funcionarios involucrados.
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Foto: Arturo Pérez Alfonso/ Cuartoscuro

Se reproduce íntegro el resumen ejecutivo del informe presentado esta semana por la Comisión de la Verdad, titulado “¡Ya Sabemos! No más impunidad en Oaxaca”, el cual aborda el conflicto iniciado en 2006 en dicha entidad:

“¡Ya Sabemos! No más impunidad en Oaxaca”

No me gusta recordar lo que pasó en 2006, porque cuando recuerdo lloro.

Pero sí me gusta llorar, porque para mí es como un descanso.

Testimonio CVO

El día de hoy la Comisión de la Verdad de Oaxaca concluye formalmente sus trabajos de investigación sobre los hechos que motivaron violaciones a los derechos humanos acontecidos en los años 2006 y 2007. En el transcurso de este día se hará entrega del informe a los tres poderes del Estado y se realizarán todos los trámites administrativos para el cierre de la gestión.

A partir de la entrega del informe se iniciará un proceso de edición y publicación del mismo a fin de que el pueblo de Oaxaca conozca la versión de los acontecimientos investigados por esta Comisión. Este día, para cumplir con los principios de justicia, verdad y máxima publicidad, presentamos un Resumen Ejecutivo donde damos cuenta de los principales contenidos del Informe:

La CVO inició sus funciones en septiembre de 2014, mes en el que ocurrió la ejecución y desaparición forzada de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En esas fechas, de conformidad al Decreto legislativo 2056, el titular del Poder Ejecutivo tomó protesta a la comisionada y comisionados que integran este organismo del Estado. Es importante destacar que las Comisiones de la Verdad son organismos oficiales instituidos para investigar e informar de la pauta de las violaciones a los derechos humanos en el pasado. Por lo regular, las expectativas que provocan son casi siempre desproporcionadas con lo que se puede esperar de ellas.

Sin embargo, las Comisiones de la Verdad buscan recordar y reivindicar la dignidad de las víctimas, plantear programas de reparación integral, promover la justicia, así como fortalecer el Estado de derecho y la futura protección de los derechos humanos. Asimismo, pueden resultar herramientas eficientes y eficaces de contraste cuando el Estado busca tergiversar la “verdad histórica” con la finalidad de encubrir o exagerar la realidad, no sólo ante acontecimientos graves como en el conflicto de Oaxaca en 2006, sino también en la cotidianidad, a través de un aparato de comunicación social que tiene como misión generar todos los días propaganda en lugar de información.

Basta identificar que el presupuesto total de 18 millones 173 mil pesos ejercido por la CVO durante su periodo legal de existencia, entre septiembre de 2014 y febrero de 2016, equivale al gasto que hizo el gobierno federal para publicitarse en medios de comunicación en tan sólo tres días.

Para esta investigación, la CVO recurrió tanto al método inductivo como deductivo. En el primer caso, porque se partió de la observación y registro de hechos, para después realizar un análisis de los mismos, y posteriormente, obtener una generalidad a partir de ello. Dado que no fue suficiente con el método inductivo, se acudió al método deductivo debido a que proporciona principios generales ya existentes, que al momento de analizar nuestro objeto de estudio podrá proporcionarnos principios secundarios que demostrarán la veracidad de los principios generales. Asimismo, la investigación recurrió tanto a fuentes primarias como a fuentes secundarias.

Una vez clasificadas las fuentes, se pasó a elaborar los documentos que serían considerados insumos para el desarrollo de la investigación: cronología, antecedentes y contexto social del movimiento de 2006, caracterización del movimiento y mapas de ubicación. Paralelamente, se fueron elaborando listas de víctimas de violación de derechos humanos con nombre, datos generales, edad, profesión, sexo, derecho violentado, hecho que lo ocasionó y fecha. Es preciso aclarar que son varias listas, debido a que cada una pertenece a la institución que la elaboró. No obstante, la CVO elaboró la propia a partir de la investigación.

Así, las etapas de la investigación consistieron en: 1) fundamentación teórica y análisis de los antecedentes del impacto psicosocial en Oaxaca por los hechos ocurridos en los años 2006 y 2007; 2) realización de entrevistas y toma de testimonios; 3) una muestra por conveniencia de la información proporcionada fue sistematizada en el software Atlas.ti y Excel; 4) análisis de la información sistematizada; 5) redacción del informe final de impacto psicosocial. A algunos de los casos seleccionados en la muestra por conveniencia se les aplicó el cuestionario de Evaluación de Calidad de Vida de la Organización Mundial de la Salud.

Por lo tanto, este esfuerzo investigativo puede considerarse un estudio de tipo descriptivo, cualitativo-cuantitativo; que privilegia la perspectiva –o marco teórico- psicosocial del daño y el afrontamiento, enlazado a lo político que tienen las violaciones a los derechos humanos; ya que no es posible aislar uno y otro elemento (contexto político, social, histórico, jurídico, de derechos humanos, de daño y de afrontamiento), pues por ejemplo, una medida jurídica y social como lo puede ser la sanción a los responsables contribuye en muchos sentidos al proceso de reparación del daño emocional y a la reconciliación del Estado con la sociedad; con lo cual se contribuye a garantizar que nuevas violaciones no vuelvan a ocurrir; todo lo cual es hablar de una sociedad que busca su bienestar y la salud para todos sus integrantes.

Si el capítulo 1 de este informe se centra en la denuncia de las víctimas por las cuales la CVO lleva a cabo este trabajo, el objetivo del capítulo 2 es estudiar el comportamiento del Estado, evidenciando el empleo de su maquinaria para sofocar el movimiento social de 2006-2007, argumentando el mantenimiento tanto la paz social como el Estado de Derecho. Por su parte, en el capítulo 3 se revisa lo que fue la actuación de las autoridades en el ámbito de Procuración y administración de justicia. Particularmente, en relación a los Derechos al debido proceso, a la seguridad Jurídica y el acceso a la Justicia. Mientras tanto, en el capítulo 4 se explican las consecuencias psicosociales que arrojaron como resultado el que a diez años de distancia prevalezca un daño psicosocial, tal y como lo manifiestan los testimonios individuales y colectivos tomados por la CVO. Un daño que se ha preservado, y se le agregan nuevos daños, ante la impunidad que ha rodeado los hechos desde aquel entonces. Finalmente se presenta un capítulo de Conclusiones y uno de Recomendaciones, así como un amplio apartado de Anexos.

Algunas conclusiones:

A partir del 14 de junio de 2006, tras la instrumentación de un operativo por parte del Gobierno estatal con el objetivo de desalojar el zócalo, el movimiento magisterial contó con el apoyo de más personas inconformes y organizaciones que conformarían a la postre el movimiento social. El objetivo común fue la destitución de Ulises Ruiz Ortiz como gobernador. Se demandó se le sometiera a juicio político y se decretara la desaparición de poderes. El movimiento se dio a la tarea de incrementar las acciones colectivas, entre ellas, la toma de instituciones, el bloqueo de carreteras, la instalación de barricadas, los paros sindicales y las manifestaciones. Ante dicha estrategia del movimiento social, el Gobierno estatal recurrió a todos los medios legales e ilegales, decantándose en mayor medida por los segundos para tratar de contener la inconformidad generalizada.

La CVO pudo registrar que las autoridades instrumentaron diversos operativos. Primero entre la coordinación de las instituciones de seguridad estatales, y después mediante la coordinación entre instituciones estatales y federales. Esto último, tras la aprobación de la intervención de la PFP en Oaxaca el 28 de octubre de 2006. Los operativos fueron los siguientes: Operativo 14 de junio, Plan General de Operaciones Antibloqueo (20 de julio a 20 de agosto de 2006), Limpieza de Vialidades (21 y 22 de agosto de 2006), Plan Hierro (1 al 27 de octubre de 2006), Plan Rector de Operaciones “Juárez” (28 de octubre de 2006 al 24 de enero de 2007) y Guelaguetza (1 de julio al 1 de agosto de 2007). Los operativos fueron una respuesta del Estado frente al descontento ciudadano, pero estos, más que aminorar la inconformidad, hicieron que el conflicto escalara y se profundizaran sus consecuencias.

El Estado violó de manera masiva y sistemática los siguientes derechos humanos: violación del principio de presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales; detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes; así como también incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves de derechos humanos. La tortura fue sistemática y generalizada, dado que el tiempo que duró el conflicto hubo una frecuencia casi diaria de detenciones acompañadas de esta práctica. Por lo anterior se puede presumir la existencia de crímenes de lesa humanidad.

A casi diez años de los hechos ocurridos en 2006 y 2007, la población oaxaqueña no ha tenido conocimiento de la cantidad de recursos públicos que se erogaron para publicitar al Gobierno de Oaxaca en medio de la crisis social. Asimismo, se desconoce el monto destinado a los distintos medios de comunicación que lo recibieron bajo el concepto de publicidad oficial. Esta situación está directamente relacionada con temas de transparencia, acceso a la información y gasto público.

Aparte de emplear mecanismos de represión física, psicológica y técnica contra los medios comunitarios y alternativos, el aparato estatal utilizó técnicas de contrainformación, como lo fueron el portal electrónico www.oaxacaenpaz.com y la denominada Radio Ciudadana, a través de los cuales se instrumentaron estrategias de persecución, hostigamiento y estigmatización en contra de periodistas independientes y dirigentes del movimiento social. Al respecto, la CVO pudo establecer, a través de testimonios, la relación directa entre el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, así como el secretario de Obras Públicas, Eviel Pérez Magaña, y el secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, con la creación y operación ilegal de la llamada Radio Ciudadana, en la cual podrían haberse usado recursos públicos.

La CVO logró registrar que al menos 33 periodistas, comunicadores o miembros de los medios de comunicación fueron agredidos físicamente, algunos en más de una ocasión. Asimismo, fueron ejecutados al menos dos periodistas entre octubre y diciembre del año 2006, Bradley Roland Will y Raúl Marcial Pérez. En 2007 fueron ejecutados tres voceadores de un diario local en el Istmo de Tehuantepec. Un número indeterminado de comunicadores de medios alternativos fueron agredidos, amenazados o coartados en su libertad de expresión e información.

Hechos-fatales

A casi una década de los acontecimientos se sigue sin tener estadísticas fiables y concretas. Esta CVO presenta en sus anexos los nombres de 373 víctimas, sin incluir a familiares ni a otras víctimas que, por diversas razones, no se han presentado a declarar ante ninguna instancia.

Durante sus trabajos, la CVO tomó, de manera formal y exhaustiva, el testimonio de 263 personas entre mayo de 2015 y febrero de 2016, de los cuales el 61% fueron individuales y 39% se recopilaron en sesiones colectivas. Del total, el 38.4% se trató de víctimas directas, el 60.83% fueron testimonios o informantes y el 0.7% presuntos perpetradores. La razón del bajo porcentaje de víctimas directas posiblemente se deba a los siguientes factores: el primero es la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales actuales, la cual fue heredada por la CVO, ya que es un órgano autónomo del Gobierno del Estado de Oaxaca, el mismo que violentó sus derechos humanos. El segundo fue la presencia de la PFP, en 2015, para que pudieran celebrarse las evaluaciones de la reforma educativa rechazada por el movimiento magisterial oaxaqueño. En estos operativos policiales realizados durante los trabajos de la CVO hubo algunas detenciones y persecuciones de personas que ya habían sido víctimas en el conflicto del 2006 y 2007. La misma CVO registró en sus oficinas dos incidentes de seguridad provocados por agentes de las fuerzas federales.

Con el fin de garantizar su derecho de audiencia, la CVO solicitó formal y públicamente la comparescencia de 68 funcionarios relacionados con el conflicto, incluyendo al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz. Solamente atendieron este llamado el expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, y el exsecretario de Salud estatal, Martín Vázquez Villanueva. En el apartado de anexos de este informe, se mencionan los nombres de los 154 funcionarios de los tres ámbitos de gobierno que las víctimas entrevistadas por la CVO señalan de manera directa como perpetradores o participantes del conflicto.

Con respecto a los casos estudiados por la CVO de los homicidios de las siguientes personas: Arcadio Fabián Hernández, Eleuterio José Jiménez Colmenares, Lorenzo Sampablo Cervantes, Alejandro García Hernández, Emilio Alonso Fabián, Esteban López Zurita, Bradley Ronald Will, Raúl Marcial Pérez y Alberto Jorge López Bernal, existen elementos suficientes para sostener que se trató de ejecuciones extrajudiciales, es decir, crímenes de Estado. Esto ya que responden a una forma de operar que, se presume, siguió una ruta de acción en varios de los casos: la selección de la persona o personas, seguimiento y vigilancia, ejecución y, por último, falta de acopio y eliminación de pruebas que conlleven a encontrar a los autores, especialmente, el material y, por ende, el intelectual.

La CVO considera que, al igual que todas las ejecuciones extrajudiciales que se realizaron durante el conflicto, la del periodista Bradley Roland Will continúa en la impunidad; sin una línea de investigación que dé como resultado el acceso a la justicia, así como a la verdad, para dar nombre y castigo tanto a los autoridades materiales como intelectuales de la misma.

Durante el conflicto de 2006-2007 en Oaxaca, las detenciones respondieron a un patrón de actuación por parte del Estado. En primer lugar fueron realizadas de manera arbitraria y acompañadas por tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura. En su gran mayoría fueron realizadas por grupos armados ilegales, los cuales llevaban a las personas detenidas a sitios desconocidos, donde las torturaban. El siguiente paso era entregarlos a alguna autoridad, la cual volvía a torturarlas, y ésta, a su vez, las ponía a disposición del Ministerio Público. Después de la entrada de la PFP a la ciudad de Oaxaca, fueron incluidos en esta cadena de custodia, elementos del Ejército, bajo el formato de “personal COMISIONADO a la Secretaría de Seguridad Pública”, según información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con la información recabada por esta CVO, tanto en documentación oficial como mediante la recolección de testimonios, existen elementos para señalar al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez, el secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segrestre Ríos; el director de la Policía Ministerial estatal, Daniel Camarena Flores; y el coordinador de Seguridad, Vialidad y Tránsito Municipal, Aristeo López Martínez, en una serie de agravios cometidos contra Emeterio Marino Cruz, los cuales incluyen la tentativa de homicidio calificado, abuso de autoridad, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, entre otros.

Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, operado por la Secretaría de Gobernación, la de Defensa Nacional y Presidencia de la República, se tienen documentadas 216 personas desaparecidas de 2005 a julio de 2015, en 35 de los 570 municipios que componen el estado de Oaxaca. De estas cifras, 97 desapariciones se registraron durante el periodo de gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y 119 desde el inicio del gobierno de Gabino Cué Monteagudo hasta julio de 2015. De las 216 desapariciones, 18 pertenecen al fuero federal y se encuentran en el periodo de 2005 a julio de 2015; mientras que 198 corresponden al fuero común, registradas en el periodo de 2007 y 2015. De esas cifras, 115 son varones y 101 mujeres, la media de edad es de 27 años. Es importante que las autoridades estatales no minimicen esta problemática que ha crecido en los años recientes en todo el país. Para poder descartar que se trate de desapariciones forzadas, el Estado debe aclarar la situación de estas 216 personas.

En su testimonio dado a esta CVO, el expresidente Vicente Fox Quesada declaró la presión que recibió por parte de su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa, para enviar las fuerzas federales a Oaxaca, ya que de esto dependía garantizar que el PRI estuviera presente en la toma de protesta presidencial efectuada el 1 de diciembre de 2006. Sin embargo, Fox Quesada asumió ante la CVO la decisión y responsabilidad del operativo efectuado, así como también explicó que esta decisión rompió un paradigma que existía en la institución presidencial después de la masacre de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México, el cual impedía a los mandatarios de la República ordenar la represión directa en contra de un movimiento social. Fox Quesada consideró que el operativo implementado en Oaxaca el 29 de octubre de 2006 acabó con lo que consideró “el síndrome presidencial de Tlatelolco” (“ningún presidente quería ser Gustavo Díaz Ordaz”) y aseguró que, en continuación con ello, su sucesor, Felipe Calderón, mantuvo y acrecentó las acciones represivas directas en contra de los movimientos sociales bajo el contexto del combate a las drogas.

Esta caracterización hecha por el expresidente, sumada a otros testimonios y análisis recabados por la CVO, permiten considerar que el Estado mexicano ensayó en 2006 en Oaxaca un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo fortalecer la impunidad y cuya aplicación en los años siguientes a nivel nacional derivó en lo que ahora es denunciado y visibilizado como una crisis nacional de derechos humanos, la cual tiene como epicentro la ejecución y desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.

Se establece la responsabilidad del Senado de la República ya que atendió la solicitud de desaparición de poderes en el estado privilegiando los intereses políticos enmarcados en la sucesión presidencial de 2006, en lugar de procurar la estabilidad, seguridad y paz en el estado de Oaxaca, donde se cometieron una serie de violaciones graves a los derechos humanos, luego de su negativa.

Las violaciones a los derechos humanos que se dieron durante el conflicto deberían tener como consecuencia que la víctima pueda solicitar al Estado la reparación integral del daño por las responsabilidades en que incurrieron sus órganos institucionales. Sin embargo, en reparaciones económicas y simbólicas, solamente algunos han sido beneficiados; pero en el caso de la responsabilidad penal, la víctima busca la justiciabilidad de esas violaciones, y si no hay justicia de esa índole se sigue dando la impunidad, violentándose el derecho a la verdad y acceso a la justicia.

La CVO registró, a lo largo de estos diez años, dos procesos de reparación hacia las víctimas del conflicto. Uno a través del fideicomiso F/2001442 conseguido por la dirigencia de la Sección XXII mediante negociación con la Secretaría de Gobernación en 2006, por la cantidad de 5 millones de pesos, mismos que fueron destinados a 16 deudos de personas que fueron víctimas de homicidio durante los años 2006 y 2007 en Oaxaca. Otro es el fondo gestionado por la Coordinación de Derechos Humanos del gobierno de Oaxaca a partir de una demanda civil, lo que derivó en un acuerdo con el Gobierno estatal, por 11 millones de pesos para 64 víctimas, que presuntamente recibieron 170 mil pesos cada una.

En general, ambos se desarrollaron de manera incompleta, parcializada, sin garantizar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, lo cual en lugar de reparar el daño contribuyó a la división y confrontación entre víctimas, ya que estuvieron enfocados principalmente a la indemnización económica, sin considerar premisas aún más relevantes para la reparación del daño, como lo serían la investigación eficaz de los acontecimientos que vivió Oaxaca en el 2006-2007, con la publicación y difusión de la verdad sobre esos hechos, el juicio y sanción a los responsables, la realización de medidas de carácter simbólico para las víctimas y la comunidad, así como el establecimiento de medidas que garantizaran la no repetición de violaciones a derechos humanos.

La enorme mayoría de las víctimas de violación de derechos humanos que entrevistó la CVO coincide en señalar que el gobierno encabezado por Gabino Cué Monteagudo no brindó justicia, debido a que los perpetradores no han sido sancionados y a que las víctimas no han sido reparadas de manera integral. Ambas cosas fueron parte de las promesas del gobierno de la alternancia. Las víctimas señalan que se sienten engañadas, pues ha sucedido todo lo contrario, los presuntos perpetradores fueron premiados con puestos en el gobierno de la alternancia y, a últimas fechas, algunos de ellos o ellas se han postulado como candidatos para ocupar puestos públicos en las siguientes elecciones. Esta CVO considera que el mantener a los perpetradores y encubridores del conflicto del 2006 y 2007 en cargos públicos, es algo que fortalece la impunidad y daña el proceso de transición democrática.

No hubo un real aporte para la justicia transicional durante el actual gobierno de Gabino Cué Monteagudo, pese a que se creó la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, así como la Fiscalía de Investigación en Delitos de Trascendencia Social y esta misma Comisión de la Verdad, ya que todo ello resultó insuficiente, debido a que estas acciones no fueron acompañadas de un proceso de depuración de los cuerpos policiacos y de procuración de justicia, así como de judicialización de los perpetradores; esto ya que tanto en la Fiscalía General de Oaxaca, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Secretaría de Seguridad Pública y el Tribunal Superior de Justicia, quedaron perpetradores de derechos humanos que participaron en el conflicto del 2006 y 2007.

La CVO convocó a dar su testimonio al sector empresarial, así como a ciudadanos que se sintieron lastimados por las acciones del movimiento social. A pesar de insistir en la importancia de escuchar a todas las voces involucradas en los acontecimientos y, en especial a la ciudadanía que no tomó una posición a favor de ningún grupo, en este sector prevaleció el desdén en torno al conflicto del 2006 y 2007.

Después de 10 años de impunidad, las víctimas y la comunidad oaxaqueña han demostrado de lo que son capaces para recuperarse y sanar, así como extender sus redes de apoyo, a pesar de los obstáculos del Estado. Han demostrado que tienen muchos recursos internos y externos para sobrellevar las adversidades, para sanar, seguir desarrollándose y crecer como personas y como comunidades. Los testimonios recolectados por esta CVO revelan su resistencia para seguir adelante y no dejarse vencer.

Recomendaciones:

La Comisión de la Verdad recomienda a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social que, como resultado de la profusa información que brinda el presente informe, retomen las indagatorias en contra del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz; el exsecretario de Gobierno, Jorge Franco Vargas; la exprocuradora, Rosa Lizbeth Caña Cadeza; el exdirector de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; y el exdirector de la Policía Ministerial, Manuel Moreno Rivas; así como demás integrantes de su gabinete y funcionarios municipales, especialmente los encargados de procuración de justicia y seguridad pública. Esto con el fin de que se finquen las responsabilidades penales por delitos y violaciones graves a los derechos humanos, en especial de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes que se detallan ampliamente en este informe.

Estos delitos cometidos no solo son imprescriptibles, sino que, dadas las características de sistematicidad con que se cometieron, pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Es necesario señalar que una de las principales medidas de reparación para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos es el enjuiciamiento y sanción a los responsables, perpetradores y operadores de los crímenes cometidos.

La Comisión de la Verdad recomienda a la Procuraduría General de la República revisar las demandas penales dirigidas en contra de las administraciones federales, de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, por su responsabilidad en los hechos del conflicto social oaxaqueño. En el conflicto de Oaxaca, la intervención de fuerzas federales, la participación de las instancias de administración de justicia y la injerencia de los aparatos de inteligencia a nivel nacional fue una responsabilidad directa de estos dos expresidentes.

Asimismo, se recomienda a la Procuraduría General de la República, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, revisar la actuación de los ex funcionarios federales Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Ardelio Vargas Fosado, señalados por las propias víctimas y actores en el conflicto social como responsables de dirigir las acciones represivas contra manifestantes en el Operativo Juárez de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2006.

La Comisión de la Verdad recomienda al Congreso del Estado y a la Secretaría de la Contraloría iniciar los procedimientos administrativos de inhabilitación de la función pública y separación del cargo a funcionarios señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos. Todo esto con base en lo que establece la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

En la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, caso Oaxaca 1/2007, se establece la responsabilidad de los siguientes funcionarios: Alma López Vásquez, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, Pedro Ismael Díaz Laredo, Manuel Moreno Rivas, Jorge Alberto Quezada Jiménez, Heliodoro Díaz Escárraga, Margarito López Aragón, Joaquín Darío Berges y Dorantes, Víctor Amado Alonso Altamirano, Jorge Aquino Reyes, Andrés Quevedo Martínez, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Sergio Segreste Ríos y Daniel Camarena Flores. La depuración del personal de las instituciones públicas, en particular en los sectores de seguridad y justicia, es uno de los componentes de una estrategia efectiva y legítima de justicia transicional.

La Comisión de la Verdad recomienda al gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, realice las gestiones necesarias que garanticen el cese de los funcionarios que ocupan actualmente cargos en su gobierno y que tuvieron responsabilidades en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los años 2006 y 2007, según las investigaciones de esta Comisión y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos nombramientos han fomentado y consolidado la impunidad, además de que han sido un factor que ha inhibido a las víctimas a buscar la verdad y justicia.

La Comisión de la Verdad recomienda al Congreso federal y local, a la Secretaría de la Contraloría y a los Consejos Ciudadanos de dichos organismos autónomos, revisar la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal Derechos Humanos de Oaxaca (ahora Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca), así como de sus titulares y visitadores del periodo 2006 y 2007, para establecer las medidas de sanción necesarias. De acuerdo a la información obtenida por esta Comisión se presume su omisión, negligencia y falta de compromiso institucional en la defensa de los derechos humanos de las víctimas del conflicto social, esta información, cabe mencionar, está debidamente documentada y fundamentada en el presente informe.

La Comisión de la Verdad recomienda impulsar acciones legislativas orientadas a instaurar una nueva institucionalidad y un pacto sociopolítico, mediante las cuales se garantice plenamente la no repetición de las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. El respeto a los derechos humanos, el combate contra la impunidad y el restablecimiento del Estado de derecho tendrán que ser los ejes de este nuevo orden jurídico y de una profunda reforma democrática del Estado.

La Comisión de la Verdad recomienda dotar de mayores facultades y atribuciones a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social y/o establecer la Vicefiscalía de Derechos Humanos encargada de dar continuidad a los crímenes cometidos durante el conflicto social de 2006 y 2007, así como también de la atención de las víctimas. Para los cargos de fiscal y vicefiscal se deberán nombrar a profesionales que cumplan el perfil de pleno conocimiento en la materia de derechos humanos y justicia transicional, y cumplir con la certificación profesional de servidores públicos encargados de la procuración de justicia.

Asimismo, a efectos de acotar la intervención del Ejecutivo en el Poder Judicial, se recomienda al Congreso del Estado promover la reforma de los artículos 79 y 102 de la Constitución local para eliminar las facultades del gobernador en las propuestas del nombramiento de magistrados.

La Comisión de la Verdad recomienda a la Coordinación de Atención a los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo impulsar medidas de reparación del daño a través de la restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y las garantías de no repetición de las víctimas. Articular una propuesta que refleje adecuadamente el potencial que tienen las medidas de reparación establecidas en las convenciones internacionales de derechos humanos, retomando los contenidos fundamentales del Plan Integral de Reparación del Daño de junio de 2012 propuesto por organizaciones de atención a víctimas y el Gobierno del Estado. La Comisión recomienda al Poder Legislativo armonizar la legislación estatal en materia de atención a víctimas y la instalación del Sistema Estatal de Protección a Víctimas, así como una Unidad de Evaluación de Riesgo para las Víctimas.

La Comisión de la Verdad reconoce los esfuerzos que han realizado las organizaciones ciudadanas defensoras de los derechos humanos y recomienda continuar este empeño siempre con un espíritu de colaboración y de no revictimización.

Es fundamental preservar la memoria de las víctimas, por ello una medida reparadora consiste en construir una narrativa histórica que fortalezca la dignidad de las personas que sufrieron agravios o fueron lastimadas o afectadas en sus personas, bienes o patrimonio. La Comisión de la Verdad recomienda instaurar un Museo de la Memoria sobre los acontecimientos de 2006 y 2007 que tenga como propósitos fortalecer los valores de la tolerancia, la no violencia y el respeto a los derechos humanos; asimismo, que busque advertir sobre los riesgos del olvido, la indiferencia —o la discriminación— y violencia sobre aquellos hechos.

La Comisión recomienda a la Secretaría de Cultura y al Instituto Estatal de Educación Pública impulsar una cultura de paz y respeto a los derechos humanos en las escuelas e instituciones educativas en su nivel básico a través de la currícula escolar y de las artes visuales, la literatura, la música, la danza, entre otras, que preserve la memoria como una forma material y simbólica de restablecer el tejido social lastimado por los hechos traumáticos acontecidos en el pasado reciente.

De la misma manera, se recomienda a las distintas asociaciones religiosas, a las organizaciones de la sociedad civil, a los medios de comunicación y al sector empresarial, coadyuvar en acciones orientadas a la cultura de paz y reconciliación social.

Las necesidades y demandas de las víctimas deben ser retomadas de la investigación realizada por la Comisión de la Verdad y atendidas en una estrategia integral otorgando los recursos materiales y humanos necesarios y suficientes, y por el tiempo apropiado para la reparación del daño y la reconciliación con la sociedad. La Comisión recomienda a las instancias especializadas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a fin de precisar las áreas más sensibles del daño psicosocial, aplicar la Evaluación de Calidad de Vida de la Organización Mundial de la Salud o utilizar cualquier otro método que permitan determinar, de manera fiable, las áreas más afectadas por las violaciones a los derechos humanos en las víctimas y sus familias.

La Comisión de la Verdad recomienda, además de la reparación material y económica, como medidas simbólicas de reparación: a) promover la declaración pública de reconocimiento de responsabilidad sobre toda violación a los derechos humanos, en especial de las víctimas del conflicto, pero también de otros sectores afectados durante este periodo, como los migrantes, los pueblos indígenas, las niñas y niños, las mujeres; b) un memorial para las víctimas del conflicto; y c) establecer fechas conmemorativas en actos oficiales.

Esta Comisión también propone garantizar el restablecimiento de la dignidad de las víctimas, de quienes hayan sufrido difamación a su persona, incapacidad total o parcial, o que hayan perdido la vida, mediante la realización de acciones públicas de contenido simbólico como son: rotulación de calles o plazas públicas, proyectos comunitarios en su memoria u otras acciones creativas que tengan un contenido emblemático y un fin comunitario.

La Comisión de la Verdad, como resultado de la investigación realizada y de la información aportada por testigos e informantes, tiene identificada una serie de domicilios donde presuntamente se localizan fosas donde se habrían llevado a cabo inhumaciones clandestinas de activistas sociales o, bien, de militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR). La Comisión recomienda a la Procuraduría General de la República, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a continuar la investigación iniciada por la Comisión de la Verdad, y llevar acabo las diligencias de resguardo e inspección de dichos lugares. La desaparición forzada de personas es un tema fundamental en la agenda pública del estado y del país.

La Comisión de la Verdad recomienda a la Fiscalía General del Estado esclarecer los 29 casos de desaparición de personas que tuvieron lugar en los años 2006 y 2007. Es importante señalar que la cifra de personas desaparecidas registradas de manera oficial se incrementó en Oaxaca a partir de ese periodo. Sin duda alguna, la desaparición de personas y las personas no localizadas constituyen hoy el más grave signo de la crisis de derechos humanos que atraviesa este país.

La Comisión de la Verdad recomienda a la Fiscalía General del Estado profundizar en la investigación y cumplimentar las seis órdenes de aprehensión giradas en contra de los autores materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial del activista Arcadio Hernández Santiago, cuyo caso fue consignado por la Fiscalía de Investigación en Delitos de Trascendencia Social con apoyo de esta Comisión. Por su parte, al Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Ocotlán de Morelos, para que con los elementos que existen en el proceso judicial emita sentencias condenatorias.

La Comisión de la Verdad recomienda a la Fiscalía de Investigación en Delitos de Trascendencia Social reforzar y consignar las averiguaciones iniciadas con relación a los crímenes de 2006 y 2007. Debido a la información que esta Comisión, como órgano coadyuvante ha aportado, se recomienda agilizar las diligencias necesarias para la consignación de los casos de ejecución extrajudicial de José Eleuterio Jiménez Colmenares y el caso de tortura cometido en contra de Emeterio Marino Cruz.

La Comisión de la Verdad recomienda a la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación transparentar los recursos públicos otorgados por el Gobierno federal en la minuta suscrita el 27 de octubre de 2006, e iniciar una investigación en relación al Fideicomiso de Inversión y Administración para el Apoyo a Familiares de los Caídos en el Conflicto Social de 2006 No. F/2001442. De acuerdo a las investigaciones realizadas se presume la existencia de un fraude cometido en la administración de dichos recursos. Este fideicomiso fue administrado por un comité integrado por representantes de la Sección XXII y la dirección del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

Durante el conflicto social se cometieron agravios en contra de 33 comunicadores y la ejecución de dos periodistas. Por otra parte, 20 personas defensoras de derechos humanos sufrieron hostigamiento y persecución. La Comisión recomienda a la Defensoría Especializada en Defensores y Periodistas de Oaxaca diseñar los protocolos de actuación y las medidas cautelares para que no se vuelvan a repetir estos hechos. A raíz de estos acontecimientos, es necesario crear medidas legislativas, administrativas y de otra índole para asegurar que los derechos y libertades para el trabajo de defensa de los derechos humanos estén efectivamente garantizados por el Estado y sus instituciones. Se recomienda a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca esclarecer plenamente la ejecución del periodista norteamericano Bradley Roland Will, la consignación de los autores materiales e intelectuales de este hecho.

La Comisión de la Verdad recomienda al Ejecutivo estatal, a través de la Coordinación de Atención a los Derechos Humanos, a coordinar las acciones necesarias con la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ejecutivo federal para garantizar que Ramiro Aragón Pérez, quien recibió asilo político en Estados Unidos, pueda regresar al país con plenas garantías de respeto a su libertad e integridad.

La Comisión de la Verdad recomienda al Poder Ejecutivo cumplir con las obligaciones asumidas por el Estado mexicano de proteger y garantizar los derechos humanos y el derecho a la seguridad de la población, a partir del diseño e implementación de políticas públicas integrales que desarrollen acciones específicas y planes estratégicos en el plan operativo, normativo y preventivo. Recomienda también asegurar estándares especiales de protección que requieren aquellas personas en situación de vulnerabilidad frente a la violencia o el delito, como son las niñas, niños y adolescentes, las mujeres, la población indígena y afrodescendientes, y las personas migrantes y sus familias, sin perjuicio de las obligaciones de proteger los derechos humanos de toda la población bajo su jurisdicción.

La intervención de las fuerzas armadas durante el conflicto social de 2006 y 2007 en Oaxaca tiene que sentar un precedente importante a nivel nacional para establecer una clara distinción entre las funciones de defensa nacional, a cargo de las fuerzas armadas, y del derecho a la seguridad, a cargo de las fuerzas policiales. La Comisión recomienda a las autoridades federales: Congreso de la Unión, Secretaría de Gobernación y Comisión Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, regular los procedimientos policiales que involucran el uso de la fuerza pública mediante la legislación y los protocolos de actuación. Así como también capacitar a las fuerzas policiales en materia de estándares internacionales de derechos humanos y establecer mecanismos de control interno y externo para investigar los casos en que las fuerzas de seguridad hagan uso de medios letales.

La Comisión de la Verdad recomienda a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a las Secciones XXII y LIX, garantizar en todo tiempo, por encima de intereses políticos y gremiales, el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes. La Comisión recomienda al Ejecutivo estatal, a través del Sistema de Protección de los Derechos de la Niñez, impulsar las políticas públicas necesarias para garantizar el interés superior del niño como valor supremo. Durante el conflicto social de 2006 y 2007, la población más desatendida y vulnerada fueron las niñas y los niños de Oaxaca.

La Comisión de la Verdad recomienda a los medios de comunicación públicos, privados, sociales y comunitarios, contribuir al restablecimiento del tejido social afectado por los hechos que polarizaron a la sociedad oaxaqueña a través de contenidos informativos basados en un código de ética que dignifique a las personas participantes en el conflicto social y a las víctimas de estos acontecimientos. Se recomienda especialmente a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CorTv), medio público local, impulsar acciones que contribuyan a difundir los contenidos de este informe en las lenguas indígenas de estado y producir contenidos informativos y pedagógicos de la verdad histórica de Oaxaca.

La instauración de esta Comisión es un paso importante para garantizar el derecho a la verdad en el estado de Oaxaca. Es preciso profundizar en los principios de la justicia transicional, como son: justicia, verdad, reparación y no repetición. Para ello se tendrán que impulsar las reformas legislativas y las políticas públicas que eliminen los obstáculos legales y de facto que impidan el seguimiento de los procesos judiciales en relación a las violaciones a los derechos humanos. Es por ello que la Comisión de la Verdad recomienda al Congreso del Estado y a la Secretaría de Finanzas aprobar los recursos suficientes, mediante la Ley de Ingresos y Egresos para el periodo 2016-2017, para dotar de equipo especializado y personal que garantice que las instituciones de procuración de justicia atiendan y den cauce a las demandas de justicia y reparación.

Corresponde al Ejecutivo estatal, a través de las secretarías y órganos autónomos, adoptar las medidas necesarias para clasificar, sistematizar, preservar y tener a disposición los archivos históricos relacionados con los esfuerzos emprendidos en la búsqueda de la verdad. Cabe señalar que existe información reservada y testimonios protegidos por la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. De la misma manera, corresponde también al Ejecutivo invertir los recursos financieros para impulsar campañas del presente Informe para que el pueblo oaxaqueño conozca los resultados alcanzados y se dé cumplimento efectivo a las recomendaciones formuladas en un plazo razonable.

Se recomienda al Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y a las organizaciones de la sociedad civil estatales y nacionales, diseñar los mecanismos y procedimientos necesarios para dar cauce y seguimiento a las recomendaciones derivadas del presente informe.

La Comisión de la Verdad recomienda a las víctimas del conflicto social de 2006 y 2007 seguir extendiendo sus redes de apoyo para continuar desarrollándose y creciendo tanto como personas como colectivos a pesar de los diversos obstáculos impuestos por el Estado.

Hasta que Oaxaca no atienda las secuelas del conflicto iniciado en 2006 parece difícil que puedan solucionarse sus problemas de la actualidad ni los de los años que sigan, ya que mientras que las víctimas han sido olvidadas, estigmatizadas e incluso criminalizadas, los perpetradores de violaciones a los derechos humanos gozan de impunidad, gracias a lo que parece una amnistía de facto.

Es por ello que este informe se titula: “¡Ya sabemos!”. Porque una vez que la sociedad esté consciente de los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo oaxaqueño, lo que sigue para las víctimas del conflicto es la justicia y la reparación integral del daño. Con este documento de denuncia, esta Comisión de la Verdad dice no a la impunidad en Oaxaca.

(Ver cronología)





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