Alerta diputada por posible “mercantilización de los servicios educativos”
Los trámites se reducen "a su mínima expresión": Romero Hicks.

Dos legisladores debatieron sobre la iniciativa preferente relativa a la Ley General de Educación, que de ser aprobada en la Cámara de Diputados beneficiaría a connacionales retornados de Estados Unidos, así como a refugiados, asilados y a migrantes internos que deseen obtener su equivalencia de estudios y a los mexicanos que deseen obtener el registro oficial de estudios realizados en el extranjero.

En Aristegui en vivoPatricia Aceves, diputada de Morena, cuestionó el hecho de que se eleven “a instituciones particulares al nivel de las autoridades educativas“, para que otorguen revalidaciones.

Eso, afirmó, “significaría que el Estado está abandonando su responsabilidad”, y “potenciando el riesgo de la mercantilización de los servicios educativos”.

Lo anterior, en referencia a la modificación del artículo 12, fracción III, en el que se faculta a la SEP a autorizar a las instituciones particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como a las públicas que en sus regulaciones no cuenten con la facultad expresa, a otorgar revalidaciones y equivalencias parciales de los estudios de educación media superior y superior, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría.

No obstante, dichas autorizaciones no tendrán carácter definitivo, pues las autoridades educativas podrán revocarlas en caso de que incumplan los lineamientos emitidos por la autoridad educativa federal.

Para la diputada Aceves, esto significa un relajamiento en el control de los estándares. Sería preferible, consideró, hacer una simplificación administrativa en la SEP, pues la educación “no debe ser tratada como una mercancía”, apuntó.

Al respecto, Juan Carlos Romero Hicks, senador del PAN, indicó que “sin documentos” se podrá obtener la revadilación automática.

Esto, por la “necesidad de integrar un sistema nacional para mayor movilidad”, con lo cual los trámites se reducen “a su mínima expresión”. En contraste con la diputada, el senador señaló que “la parte final la toma la autoridad correspondiente”.



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