Gobierno federal no tiene información confiable sobre concesiones mineras: Auditoría Superior
La Secretaría de Economía y el SAT no comparten la información que deberían sobre el pago de impuestos mineros.
(Foto: Archivo Cuartoscuro).

La Secretaría de Economía (SE) no tiene información confiable sobre los concesionarios mineros, no brinda reportes sobre aquellos que incumplen con entrega de información y no tiene evidencia de las multas aplicadas.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en su informe sobre la Cuenta Pública 2016 que, entre otras deficiencias, la SE utiliza un sistema informático desactualizado, lo que genera que sus reportes no sean confiables.

El padrón de concesiones mineras, por ejemplo, tiene errores en los nombres de los titulares de concesiones y su Registro Federal de Contribuyentes, así como en las fechas de expedición.

La SE tampoco ha identificado a los concesionarios mineros, a fin de relacionarlos con las concesiones y con el RFC que administra el SAT, que permita la vigilancia del pago de los derechos sobre minería.

Las deficiencias de los registros de la dependencia federal son tales que, según encontró la ASF, entre los 161 contribuyentes que pagaron al menos uno de los tres derechos mineros en 2016 hubo 48 de los que no se identificó concesión alguna en el padrón que la SE entregó.

Sin embargo, la baja calidad de la información se da en dos sentidos. Mientras que la SE no ha informado al SAT sobre los concesionarios que han incumplido con la presentación del Informe de comprobación de obras y trabajos de exploración y explotación durante dos años continuos, para los efectos de comprobación fiscal, el SAT no informó a la SE sobre los concesionarios que no pagaron impuestos durante 2016.

Otro error del SAT fue entregar hasta enero de 2017 el informe de la recaudación de diciembre 2016, cuyo retraso provocó que estados y municipios mineros dejaran de recibir 3 millones 514 mil 500 pesos.

De acuerdo con la ASF el gobierno federal recaudó 2 mil 740 millones 796 mil 400 pesos, el 80 por ciento de ellos se destinó al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.

El 20 por ciento restante debió destinarse a programas de infraestructura pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no comprobó la aplicación y destino de dichos recursos, incumpliendo la ley.

La ASF aseguró también que el aumento en la recaudación de impuestos mineros desde 2014 se debió al establecimiento de tres nuevos derechos y no a controles implementados por la SE o el SAT.






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