“Falta de voluntad” de Colombia para solucionar tema fronterizo: diputados de Venezuela
Desde el pasado 20 de agosto el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el cierre parcial de la frontera con la vecina nación debido al ataque perpetrado por bandas paramilitares contra efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes resguardaban la seguridad en el municipio limítrofe de San Antonio del Táchira.
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Diputados venezolanos criticaron este martes la “falta de voluntad” demostrada por el gobierno colombiano para trabajar en conjunto con Caracas y hallar soluciones a la crítica situación existente en los territorios de la frontera que comparten ambos países.

El vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Exterior y Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, Saúl Ortega, responsabilizó al gobierno colombiano de haber provocado la postura asumida por el presidente Nicolás Maduro al aprobar medidas de seguridad en la frontera.

Dentro de estas últimas destacan el cierre por tiempo indefinido del paso entre Venezuela y Colombia a través del estado Táchira (suroccidente), limítrofe con la ciudad de Cúcuta y la decisión de declarar estado de excepción en seis municipios colindantes con la vecina nación.

A estas acciones se suman otras como el despliegue de un operativo de seguridad especial en toda la zona para erradicar la presencia de bandas paramilitares en territorio venezolano y frenar el contrabando de extracción que “desangra la economía nacional”, apuntó Ortega.

En este sentido el parlamentario señaló también al ex presidente colombiano Alvaro Uribe, quien “creó un negocio multimillonario e institucionalizó el delito en la zona, todo lo cual es permitido por las autoridades del vecino país”, denunció.

De igual forma, el diputado revolucionario Yul Jabour en declaraciones al canal privado Venevisión, apuntó el hecho de que en el año 2000 el gobierno de Bogotá aprobó una resolución que establece “la concesión para la creación de oficinas cambiarias en la zona fronteriza”.

Jabour mencionó que por sólo citar un ejemplo, en Cúcuta existen cerca de 3000 puntos de cambio que tienen como propósito “inducir una política para golpear nuestra moneda (bolívar). Esas casas tienen además una gran relación con las estructuras paramilitares colombianas que han infiltrado nuestro territorio afectando la economía y la seguridad individual y colectiva de los venezolanos”.

De ahí que el gobierno de Caracas haya decidido cerrar la frontera como medida soberana para restablecer la paz y la legalidad, mientras adelanta encuentros con las autoridades de Bogotá para concretar estrategias conjuntas para hacer frente a los fenómenos que atentan diariamente contra la vida de los ciudadanos de los dos países.

Sobre este asunto el diputado socialista Saúl Ortega recordó que durante la presidencia de Hugo Chávez, ambos gobiernos habían acordado impulsar económicamente esos territorios y poner en práctica programas para desarrollar zonas de integración fronteriza.

“Esos proyectos están ahí y existe la oportunidad de retomarlos, pero el gobierno colombiano no tiene voluntad. Por eso creo que cerrar toda la frontera es la única manera de que podamos detener todo ese desangre y además llevaría a Colombia a interesarse en el diálogo”, consideró Ortega.

El miércoles pasado las cancilleres de ambos países se reunieron en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias para debatir estrategias concretas a adoptar en lo inmediato en aras de solucionar los problemas que dieron al traste con las acciones implementadas por Maduro.

A pesar de coincidir las dos ministras de que el encuentro había sido “satisfactorio” pues habían llegado a importantes acuerdos en materia de seguridad y lucha contra el contrabando, unas horas después el gobierno colombiano acrecentó la tensión al cuestionar las deportaciones de sus ciudadanos residentes ilegales en Venezuela.

Un hecho que provocó las críticas del ejecutivo de Caracas y tuvo como reacción la decisión de extender el cierre de la frontera por todo el territorio que contempla el suroccidental estado Táchira, hasta que no “estén creadas las condiciones mínimas de seguridad y legalidad en la zona”, precisó el jefe de Estado venezolano.

(Con información de Xinhua)



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