En México, “gran espectáculo de impunidad”: Reyes Orona en CNN
“Los políticos encuentran la forma de que no pase nada”, señaló.
LEY

Debido a la falta de fincamiento de responsabilidades, en México “tenemos un gran espectáculo de impunidad”, sostuvo Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal de México y actual presidente de la organización Transparencia Nacional.

En entrevista para Aristegui CNN, junto con el ex director de Fundar, Miguel Pulido, analizaron las leyes anticorrupción promulgadas en julio por el presidente Enrique Peña Nieto, quien pidió perdón por la percepción que generó la compra de la casa blanca.

“En México tenemos impunidad, corrupción y simulación, tres pilares sobre los cuales está basado el problema, no se arreglaron con nueva ley”, lamentó Orona.

“Los mexicanos hemos sentido la corrupción pero no se arregla sintiéndola… este no es un tema político, el problema es de experiencia forense en el tema”, expuso.

Detalló que “no sucedía absolutamente nada” contra funcionarios acusados o señalados por corrupción; “concluían por la misma razón: falta de interés jurídico por parte de quien acusaba”.

Se aplicaba “la ley del cartero”, es decir, contra funcionarios de “muy bajo nivel”, consideró.

Con las nuevas leyes, “la partidocracia va a poder mantener este tema de perdones implícitos”, y “no existe claridad respecto de quién debe acusar, cómo debe acusar y qué consecuencias tiene”.

Rememoró que “en estos 4 años no ha habido fincamiento de responsabilidades en ningún asunto relevante”. 

Sólo recordó el caso de los personajes relacionados con la fuga de El Chapo; pero “si el asunto no se vuelve mediático” es imposible conocer ese tipo de asuntos relacionados con la corrupción.

Dijo que ahora “entre 3 partidos se van a poner de acuerdo cómo mantener la impunidad, evitar que sus grandes próceres afronten a la justicia”.

Habrá una “preservación de pesos y contrapesos, donde los políticos encuentran la forma de que no pase nada”. 

Reyes Orona señaló el caso de la declaración patrimonial de Enrique Ochoa, dirigente del PRI, quien dice que tiene 50 vehículos, pero “no nos dice si existe concesión para operarlos como taxi, lo cual nos lleva a un valor diferente”. “O que tiene tarjeta de crédito domiciliada en EU pero no dice si tiene propiedades o no”.

Reconoció que “hay buenas intenciones para llegar a un nuevo esquema”, pero “el camino al infierno está empedrado con buenas intenciones”.

“Desde nuestro punto de vista, en Transparencia Nacional, creemos que esto es un grave retroceso porque se están volviendo administrativas situaciones que antes eran penales”, puntualizó. 

“El problema de fondo que daba el ejercicio de la acción penal en contra de servidores púbicos, se mantiene… contra funcionarios, de jefes de unidad hacia arriba, prácticamente no hay acciones”, subrayó.

Entonces, las leyes anticorrupción fueron un “nuevo anuncio espectacular, con muchos bombos y platillos, pero que en los hechos es un claro retroceso” y “muy lejos de ser lo que México necesita”.

Enfatizó en que lo se debe poner atención en los próximos nombramientos pues aunque “el PRI gobierna pero el PAN manda”, y podrían “seguir siendo proclives hacia el panismo”, en un “complejo esquema de equilibrios entre el PRI y el PAN”.

No debe haber “correas de transmisión” 

Por su parte, el abogado Miguel Pulido, ex director de Fundar, indicó que hay un “fetichismo legislativo”, al creer “que los problemas se resuelven con reformas o que la simple aprobación de un nuevo marco normativo va a transformar radicalmente las condiciones generales o los problemas estructurales que enfrentamos”.

“Hay que encuadrar el perdón del presidente en una ruta de hechos que inicia con el marco normativo vigente, en el momento en que él asume la presidencia: en enero 2013 presentó su declaración patrimonial… la hizo pública, el problema es que fue un acto de simulación. Es decir, el nivel de compromiso no se condice con sus acciones”, aseveró.

El escándalo de la casa blanca de 7 millones de dólares adquirida a un contratista del gobierno, a pesar de “estas magnitudes, tuvo poco eco mediático”, refirió sobre las primeras planas cuando el caso se reveló en noviembre 2009.

“La segunda razón por la que no hay consecuencias es por la falta de debate en los órganos parlamentarios. No se ejercieron los niveles de contrapeso que se esperarían en una democracia por un escándalo como esto”, añadió.

El nuevo entramado, dijo, tiene mucha complejidad, “no son cualquier cosa las modificaciones a la ley de responsabilidades administrativas”.

El nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, “me parece que viene a ser el cierre de candado en cómo funcionaban la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y los institutos de transparencia, en términos de los hallazgos que tenían y la falta de una institución que fuera la responsable de ejecutar todas esas acciones”.

Para Pulido, es una buena noticia el Sistema Nacional Anticorrupción, como lo fue en su momento el sistema nacional de transparencia y la reforma electoral, pero subrayó que hay todo un camino por andar.

El presidente de la República podrá hacer numerosos nombramientos, explicó, pero si coloca a personas que atienden a una correa de transmisión será una mala noticia para el SNA.

Recordó el nombramiento de Virgilio Andrade en una secretaría que estuvo 26 meses sin titular. De hecho hoy lo está.

Por ello, en este nuevo sistema complejo, “el presidente empieza con una presión altísima sobre cada uno de los nombres que se atreva a sugerir”, finalizó Pulido.





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Faltan los 43 #AyotzinapaDosAnos. #Ayotzinapa
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