De los más importantes del Poder Judicial, el amparo de Aristegui: expertos
Los artífices de la demanda de amparo de Aristegui son los civilistas Javier Quijano Baz y Xavier Cortina.
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Los abogados de la periodista. (Foto: Saúl López/ Cuartoscuro)

La suspensión definitiva otorgada por el juez federal Fernando Silva García en el amparo interpuesto por Carmen Aristegui contra MVS, tras el intento de terminación de su contrato, es una de las resoluciones más importantes del Poder Judicial Federal (PJF) en el presente año, coincidieron en señalar Alberto Del Valle, Oscar Aranda Muñoz y José Luis Argüelles, abogados expertos en derecho de amparo, en entrevistas por separado con Alfredo Méndez paraLa Jornada

Los profesores de derecho constitucional y amparo señalaron lo inédito e importante del amparo de Aristegui, pues el juez Silva consideró a la empresa MVS como autoridad administrativa y por ello cabe la posibilidad de que sea demandada en juicio de garantías por violar derechos humanos de un gobernado, en este caso, el derecho humano a la libertad de expresión de la comunicadora.

Los académicos agregaron que una singularidad destacada es en el caso Aristegui se instauró la petición de garantías contra un particular y no contra una autoridad gubernamental, con base en lo dispuesto por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo que entró en vigor en abril 2013.

Alberto Del Valle refirió que después de la promulgación de la ley de amparo ha habido entre 30 y 40 casos de demandas contra actos de particulares a los que se les considera autoridad, pero casi ninguno de ellos ha prosperado.

Según los abogados, otro caso reciente, similar al de Aristegui y que sí ha prosperado en tribunales, es el de la petición de amparo promovido por un sindicato en Sinaloa, que motivó el que dos jueces federales establecieran que la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol pueden ser consideradas autoridades y demandadas en juicio de garantías por violar derechos humanos.

Otro aspecto relevante de la resolución del juez Silva García, destacaron, es que consideró de carácter administrativo la naturaleza del asunto, porque aunque se impugnó la terminación de un contrato calificado como “civil” por la empresa, este documento se inserta en un ámbito concesionado de derecho administrativo (bienes y servicios públicos), en donde la parte contratante, es decir MVS, está condicionada por el régimen de interés público a que está sujeta la concesión.

El juez también dijo que la materia del contrato posee relevancia social y pública que trasciende el interés privado por tratarse de servicios de periodismo y difusión de información pública.

(Con información de La Jornada)



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