Ausencia de la Federación en el caso del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola: David Peña en CNN
"El ataque lo hace el estado, porque había un proceso de mediación en el que no estaba inmiscuido (el gobierno de Ulises Ruiz)", aseveró Omar Esparza, esposo de Bety Cariño. El asesinato de los dos activistas ocurrió el 27 de abril de 2010, mientras participaban en una caravana de ayuda.
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A cinco años del asesinato de los defensores de derechos humanos, Bety Cariño y Jyri Jaakkola, al participar en una caravana humanitaria en Oaxaca, el abogado de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, David Peña, dijo que “el caso está pendiente, tenemos  tres personas en la cárcel, tenemos 10 órdenes de aprehensión pendientes de cumplir”.

En entrevista para Aristegui CNN, indicó que “el gobierno de Finlandia (de donde es originario Jaakkola) ha estado presente y atento al proceso desde el primer momento, hemos tenido acompañamiento y pronunciamiento de la Embajada de Finlandia, de otras embajadas de la Unión Europea, del Pralamento Europeo, se ha dado una audiencia especial en el subcomité especializado en derechos humanos en ese parlamento”.

Incluso señaló que “nos reunimos con el presidente de Finlandia Sauli Niinistö y comentó que el lunes (de la semana pasada) se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto, uno de los temas que no se comentan en el boletín es el del asesinato de Jyri Jaakkola. Pero que ha estado en la agenda de la presidencia de Finlandia, desde la anterior presidenta y el actual presidente”.

“Este caso lo platicó el presidente de Finlandia con Peña Nieto, quien volvió a reiterar el compromiso del Estado Mexicano para resolver el caso, esta reiteración lo ha hecho en más de tres o cuatro ocasiones, el problema es que el compromiso que tiene Peña Nieto no se traduce en acciones concretas”, señaló-

Sin embargo, dijo el abogado, “ha habido una ausencia casi total de la Federación: ni para la protección de los testigos, ni para búsqueda de los responsables, ni para la detención de los asesinos, ni para, ahora, garantizar la seguridad para quienes estamos impulsando el proceso, y en las últimas semanas hemos recibido amenazas y advertencias para dejar el caso”.

Agregó que “la Federación tiene competencia porque tiene dos averiguaciones previas abiertas , una por el uso de las armas y la otra por otros delitos que se cometen en la zona”.

El abogado David Peña recordó que “cuando ocurre el hecho, cuatro relatores de Naciones Unidas se pronunciaron por el caso”.

“El proceso ha sido muy complicado, en la investigación se tiene identificado al grupo, grupo armado que opera en la zona triqui, es un grupo que fue creado por gobiernos priistas con financiamiento de esos gobiernos, reconocido públicamente y que la propia Procuraduría General de la República en las investigaciones lo ha caracterizado como un grupo paramilitar”, expuso.

Este grupo “ataca a la caravana, nosotros hacemos todo un proceso de documentación e investigación, logramos identificar a quienes atacaron la caravana, se logran obtrener las órdenes de aprehensión, sólon tres se han cumplido y 10 están pendientes. Estamos en un proceso de inicio de juicio contra estas tres personas el problema es que esto nos coloca en una situación de incertidumbre y riesgo porque aunque tenemos a tres personas en la cárcel, 10 están, entre ellos dos de los principales líderes, siguen libres, con capacidad de fuerza económica, militar, y con esta protección o permisividad por parte de algunos grupos políticos que dejan que sigan operando”, aseveró.

También explicó que “el grupo sufre una división después del 2010, en el 2012 cuando se detiene a su principal líder Rufino Juárez, sufre otra división y hay un sector de este grupo que se alía con el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), de izquierda. Se incorpora una fracción y desde ahí sigue operando”.

“El gran conflicto en la zona ahora se ha convertido en un conflicto por el control de comunidades, a mayor número de comunidades, mayores recursos económicos”, indicó.

Por su parte Omar Esparza, esposo de Bety Cariño, dijo que cuando fue el ataque, en 2010, “entramos en un proceso de mediación, varias organizaciones, en un proceso después de el asesinato de dos niñas locutoras de una radio que se llamaba La voz que rompe el silencio, ese fue el inicio del proceso de mediación en la región., con dos grupos antagónicos”.

“Comezamos a hacer el proceso de acercamiento y mediación para poner una ruta de conciliación, de paz, de acuerdo. Pero no estaba inmiscuido ningún gobierno, en ese momenrto era el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz”.

Se llevó “todo un proceso y precisamente antes de llegar a una caravana que era para la exigencia de la libertad de la gente de San Salvador Atenco, sitiaron la comunidad de San Juan Copala el 28 de noviembre y a partir de ahí tardó cinco meses la comunidad sitiada, hasta que entró la caravana”, puntualizó.

“Hubo mucha violencia, gente muerta, gente lastimada, eso fue una denuncia que se hizo y se convocó a una caravana, y eso hizo que mucha gente se incorporara a la caravana y pudieran ingresar a Copala”, abundó.

Detalló que en la caravana “eran alrededor de 28 personas con el respaldo de muchos maestros de la sección 22, y reconocida por las autoridades de Oaxaca. Llevaba viveres e iba a documentar la situación de la gente en la localidad, la agresión y la falta de acceso a recursos”.

Aseveró que “el ataque lo hace el Estado, porque había un proceso de mediación en el que no estaba inmiscuido el Estado, este golpe fue romper el proceso de mediación, dado que después asesinaron a los dirigentes de grupos antagónicos”.

“Para mí fue diseñado desde el estado, en ese momento desde el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, el 27 de abril fue claro, fue un ataque premeditado. Pudimos verificar como se planeó de manera previa”, comentó Esparza.

“El objetivo era reventar la mediación. La gente lo que realmente demandaba era justicia. Ese era el camino que había trazado el proceso de mediación”, apuntó.



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