Marcha atrás en Venezuela
El Tribunal Supremo de Venezuela anunció que renuncia a asumir las funciones de la Asamblea Nacional.
(Reuters)

 

El Tribunal Supremo de Venezuela anunció este sábado que renuncia a asumir las funciones de la Asamblea Nacional, después de que el presidente Nicolás Maduro solicitara a la Corte que revisara las sentencias mediante las cuales   retiraba sus poderes al Parlamento venezolano.

El Tribunal Supremo venezolano informó, a través de un comunicado,  que decidió  suprimir partes de las polémicas sentencias e invalidar su decisión de asumir las  tareas del Parlamento.

Previamente el Consejo de Defensa de la Nación  había exhortado al Tribunal Supremo de Justicia  a revisar las sentencias con las que pretendía apropiarse de las tareas y funciones de la Asamblea Nacional. 

El punto de quiebre lo puso el viernes por la mañana la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien señaló, durante una transmisión televisada en vivo, que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de su país de asumir las funciones del legislativo constituía una “ruptura del orden constitucional”. 

Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, dijo Ortega Díaz durante la presentación del balance de gestión del Ministerio Público. Después de esta declaración, el presidente  Nicolás Maduro, convocó al Consejo de Defensa con el objetivo de “resolver” lo que calificó de “impase” derivado de la posición del Ministerio Público (MP) frente a la sentencia en la que el TSJ se atribuye las funciones del Parlamento, debido a la situación de “desacato” en la que este se encuentra.

“Exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano”, dice el acuerdo del Consejo leído por el vicepresidente Tareck El Aissami en la cadena oficial de radio y televisión. Otro punto del acuerdo al que llegó el Consejo fue ratificar que el máximo tribunal, en su Sala Constitucional, “es la instancia competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del poder público nacional”, así como “la resolución de los conflictos entre poderes”.

Este Consejo se instaló “oficialmente”, a pesar de que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, no estuvo presente. Asimismo, la instancia reiteró que “los desequilibrios y conflictos entre las distintas ramas del poder público nacional se encauzan mediante los mecanismos de control constitucional y la colaboración entre los poderes”, e insistió en la disposición del Gobierno al “diálogo fecundo” con su oposición política. También repudió “categóricamente” cualquier intervención que “atente contra la independencia” y la integridad territorial de la nación caribeña.

(Con información de BBC y comunicados oficiales)

 

 



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